CASO PRETELT : INDIGNIDAD y CONCUSIÓN

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Por primera vez en más de 50 años, el Congreso de la República sancionaría a un funcionario aforado, lo cual no ocurre desde los tiempos del juicio al General Gustavo Rojas Pinilla en el año de 1959.

Trascendió que la Comisión de Instrucción del Senado de la República de Colombia, estudió el mayor escándalo relacionado con la Corte Constitucional que involucra al magistrado Jorge Pretelt Chaljub.

La investigación que se adelanta contra Jorge Pretelt en la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes desde el año 2015 se hace debido a denuncias que obedecen a la supuesta recepción de dinero por parte del magistrado para manipular un fallo de tutela que favorecería a la empresa Fidupetrol.

El cuerpo legislativo entregó este jueves un informe a la Plenaria del Senado, en el que solicita que el Magistrado sea sancionado en dos aspectos.

En el primer caso el informe solicitó a la plenaria del Senado declarar la “Indignidad” del alto funcionario y que este sea retirado de su cargo. En el segundo caso pidió a la Corte Suprema de Justicia investigación por el delito de Concusión.

Lo solicitado a través del informe exactamente es: “Admitir la acusación contra el doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, (…) proferida por la plenaria de la honorable Cámara de Representantes el día 15 de diciembre de 2015, por el delito de Concusión”.

Al respecto, el presidente del Congreso, Mauridico Lizcano, precisó que la plenaria de este miércoles “no se trata de un juicio, sino de un trámite para decidir si se acepta o no el informe”.

Al acoger el informe, la Plenaria del Senado es quien dará la última palabra sobre la continuidad del magistrado Pretelt en el cargo y enseguida trasladará la petición a la Corte Constitucional. En ese sentido se avanzaría hacia un juicio político contra Pretelt por “Indignidad”.

Las dos decisiones fueron presentadas a la plenaria del senado para ser debatidas este jueves. Dicho debate avanza a esta hora en el marco de las garantías e imparcialidad solicitadas en medio de la discusión por parte de los asistentes.

La plenaria de la Cámara recibió este jueves el informe que se solicita desde el Congreso, recordando que las solicitudes obedecen a  la responsabilidad de Pretelt en la exigencia de un servidor público a un particular excediendo su poder en la función que debe realizar como magistrado.

De acuerdo con la advertencia del Presidente del Senado, Mauricio Lizcano este jueves, “Si se vota la aceptación de la resolución del informe que trae la Comisión de Instrucción, inmediatamente el magistrado queda, una vez se notifique de la decisión, suspendido, separado del cargo”.

La investigación de la Corte Suprema de Justicia establecería pena de 4 a 8 años con multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la prohibición a ocupar cargos públicos durante el mismo tiempo de la sanción.

Fueron 7 los senadores que conformaron la Comisión para estudiar la acusación enviada desde la Cámara de Representantes: Guillermo Santos, Liberal; Juan Manuel Corzo, Conservador; José Obdulio Gaviria, CD; Paloma Valencia CD, Alfredo Ramos CD; Jorge Prieto, A. Verde y Roosvelt Rodríguez de la U.

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