CIENCIA “SIN PLATA” EN TIEMPOS DE PAZ

Análisis Por

El pasado 12 de junio fue aprobado en penúltimo debate el proyecto de Acto Legislativo 06 de 2017 Senado/ 10 de 2017 Cámara  “por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política”, reforma coyuntural al Sistema General de Regalías que busca destinar parte de los recursos de dicho sistema para la financiación de proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final con las FARC, recursos entre los que hay 1,3 billones de pesos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación-FCTI, que no fueron aprobados antes del 31 de diciembre de 2016 y que serán destinados exclusivamente a proyectos de inversión en infraestructura de transporte, especialmente vías terciarias.

Con respecto al dinero sin ejecutar del FCTI, para algunos y algunas es inadmisible pensar que 1,3 billones de pesos  en lugar de que sean destinados para subir el prestigio y el nivel salarial de los profesores y profesoras dedicados a investigación, sean destinados para comunidades apartadas que requieren mejoras en sus vías terrestres para que no sólo se puedan comercializar los bienes y servicios  que producen sino para acceder a bienes y servicios públicos tales como educación, salud y ciencia, esa que se da en los laboratorios de las lejanas ciudades capitales a las que casualmente se accede por vía terrestre.

Si revisamos las responsabilidades en este proceso de “desfinanciación” de la ciencia, el Estado colombiano es el primer llamado a proveer bienes públicos de manera equitativa: conocimiento, educación, salud, entre otros,  para lo cual gracias a la reforma al sistema de regalías, se destinó el 10% del mismo a financiar proyectos de investigación.

Sin embargo, desde 2012, la eficacia en la ejecución de dichos dineros públicos, no sólo ha tenido problemas de corrupción, sino que fruto de que el modelo quedó mal diseñado, tampoco se ha podido ejecutar todo  el recurso que hay disponible en el FCTI, lo que quedó en evidencia en la reunión del 20 de abril que sostuvieron sectores de la comunidad académica con los ponentes del Proyecto de Acto Legislativo en Cámara de Representantes, antes del primer debate de dicho acto legislativo, dónde Colciencias señaló que “la ejecución de los recursos del FCTI no se ha realizado de manera eficiente por las siguientes razones: a) El principio de “selectividad” está roto dado que la selección de los proyectos a financiar no se realiza mediante un proceso competitivo; b) Las entidades territoriales no son las mejores ejecutoras de proyectos de ciencia, tecnología e innovación y c) El seguimiento no captura el avance científico o de innovación de los proyectos y no genera alertas oportunas.”

El segundo llamado a responder es la Academia colombiana, esa que a veces pierde el sentido de la realidad por andar revisando las probetas y las temperaturas de las autoclaves y que por ello ha perdido la capacidad de dialogar con las entidades gubernamentales nacionales y territoriales, lo que ha dificultado la interacción entre las universidades y los gobernadores y alcaldes que de acuerdo con el modelo de regalías de 2012, tienen un mayor poder de asignación de los recursos financieros para investigación.

Un tercer responsable sería el empresariado colombiano, aquel que debería coadyuvar a financiar proyectos de investigación, sin que ello necesariamente signifique que los empresarios se conviertan en los próximos Bruce Wayne o Lex Luthor, y que de manera adicional debería estar más atento a las decisiones que se tomen con respecto a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que en últimas dicha tecnología también podría apoyar sus procesos productivos.

Finalmente, podríamos postular un cuarto actor: la sociedad civil, quien en últimas es la depositaria del acervo de conocimiento que generen el Estado, la Academia y los Empresarios; pero que gracias a que anda absorta resolviendo el diario vivir, no presta la suficiente atención a las pocas noticias de ciencia, tecnología e innovación que el escaso periodismo científico colombiano logra publicar.

Y es que el problema no está en si la plata se va para carreteras o para laboratorios de prestantes instituciones de educación superior capitalinas, sino en la utilidad social que tiene el conocimiento que se genera en dichos espacios y en los niveles de apropiación social del conocimiento que tienen las sociedades colombianas. Porque si el problema de la asignación de dineros fuera verdaderamente la nuez del tema, ya hubiesen salido las comunidades que han sido beneficiadas de los proyectos de investigación que han tenido las universidades colombianas a defender y a hacer notar su voz de protesta por tal atropello estatal. Pero no ha sido así.

Sin desconocer que en efecto la inversión pública en actividades de ciencia, tecnología e innovación en ésta, la llamada sociedad del conocimiento ha de ser lo suficientemente fuerte como para darle a los distintos actores privados las herramientas con las que lograrán hacer realidad sus proyectos de vida, también es cierto que a las élites científicas colombianas les hace falta dialogar un poco más con la sociedad a la que pertenecen.

Colombia sigue teniendo poca eficacia en la implementación de planes de acción de Política Nacional de Apropiación social de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal vez por responsabilidad de una entidad como COLCIENCIAS que hace de todo un poco, tal vez porque existen problemas más grandes que resolver como por ejemplo la pavimentación de una vía terciaria que conecte caseríos con el resto del país o tal vez porque nosotros mismos no nos interesamos por formarnos un carácter ciudadano que use las herramientas que tenemos a la mano.

Por cierto, ¿hace cuánto fue la última vez que usted, estimado lector visitó un museo, un zoológico o vio un documental de la National Geographic o de Discovery Channel?

Zootecnista Universidad Nacional de Colombia, Candidato a Magíster en Producción Animal de la Universidad Nacional. Coordinador Nacional para asuntos de Paz de la Organización Nacional de Juventudes Liberales.

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