LA CORRUPCIÓN COMO EXCUSA

Análisis Por

El Senador Antonio Navarro Wolf manifestaba la semana pasada en una entrevista, que la lucha anticorrupción debería ser lo que marque la diferencia en el debate para la contienda presidencial de 2018.

Desde luego el senador defiende a capa y espada la “nueva” bandera que les vendió la senadora Claudia López a los militantes del remasterizado partido AD-M19 (llamado  en 2005 Partido Verde Opción Centro, denominándose por estos días como Partido Alianza Verde), usada hoy por hoy como excusa para no caer en el envolvente ambiente polarizado que quedó luego del 2 de octubre de 2016.

Hasta cierto punto tiene razón el senador Navarro en querer alejarse de la dicotómica lucha propaz-antipaz que en la práctica  partidista encarnan los partidos de la Unidad Nacional (Liberal, La U, Cambio Radical) + Polo Paz + algunos senadores del Partido Conservador por una parte  y por la otra el Centro Democrático, y encontrar un lugar propio en la agenda de opinión pública nacional, al mejor estilo de su colega Jorge Robledo.

Es razonable y hasta valido que algunos sectores de centro izquierda quieran presentarse ante la opinión pública como una alternativa a la polarización y como adalides de otros problemas estatales, sea porque no sienten suyas las banderas del nuevo país que se presenta como el horizonte al que camina la implementación del Acuerdo de paz con las FARC o porque no desean ser gregarios en las discusiones sobre la paz, y así seducir incautos electores.

Sin embargo, cuando el senador Navarro afirma que la nueva coalición que vaya por la Presidencia de la República (el “Gobierno de cambio”, versus el “Gobierno de transición”) debe resolver el problema de la corrupción, ya que el problema del conflicto armado está resuelto, imagino que el senador se refiere a que hay que resolver dos de los tipos de corrupción más relevantes que tiene el país: la corrupción electoral y la corrupción política.

Imagino entonces que el plan anticorrupción electoral del “Gobierno de cambio” del senador Navarro y compañía versa sobre cómo resolver los problemas de la compra de votos, generando medidas complementarias a las que traerá la Reforma Política que conlleva la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, que entre otras, plantea el voto obligatorio transicional, la financiación mayoritariamente estatal a las campañas y las listas cerradas que entre otras cosas, pretende centralizar los recursos de las campañas políticas en los partidos y no en los candidatos, minimizando la posible entrada de dineros de dudoso origen, además de un paquete de incentivos positivos a los electores.

Imagino entonces que el plan anticorrupción política del “Gobierno de cambio” del senador Navarro y compañía limitada versa más allá del enfoque económico de la corrupción política que curiosamente ha estado más vigente en el imaginario popular por éstos días, en donde el corrupto es el que roba y no el que abusa de su puesto, a lo Vargas Lleras, no es el que beneficia a su familia y grupo cercano de amigos, a lo Uribe Vélez y los negocios de sus hijos  en Mosquera, Cundinamarca y tampoco es el que es servil a grupos de poder, a lo Otto Bula.

Porque sí, la corrupción política se presenta de varias formas, enmarcadas mínimamente en los dos tipos que  propone Jaramillo Gabanzo,  para quien la corrupción política es una acción o relación que beneficia inapropiadamente a algunos actores mediante la amenaza de la realización de lo público socavando el funcionamiento del Estado.

Según Jaramillo Gabanzo,  los dos tipos de corrupción surgen dependiendo si lo  público se entiende como lo impersonal y universalmente aceptado y aplicable para todos sin distinción o si se entiende como lo vinculante, como la norma que expresa los valores y metas que integran a un conglomerado que permite que sus partes se sientan como un todo.

Así, la corrupción política, para el caso del primer sentido de lo público, se presenta cuando la realización de lo impersonal se sacrifica para auxiliar intereses o valoraciones personales, beneficiando siempre a las mismas personas-grupos de poder, sin importar la situación; o surge, para el caso del segundo sentido de lo público, cuando se privilegia la desintegración de los miembros del cuerpo político a través del favorecimiento de valores e intereses particulares, por  medio de la promoción del surgimiento de facciones-grupos de poder que se aprovechan del esfuerzo de la organización.

Finalmente, si el “Gobierno de cambio” que propone el antiguo partido de izquierda AD-M19, hoy por hoy Alianza Verde, gira exclusivamente sobre la reforma a las malas prácticas de funcionarios públicos, sean o no de carrera, dejando de lado la seguridad humana y los deberes estatales para la consecución progresiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de toda la población colombiana, será un gobierno bastante flojo y hasta mentiroso que no logrará erradicar la corrupción sino que a lo sumo logrará cumplir lo que dijera el Presidente Turbay Ayala: reducirla a sus justas proporciones.

Obvio, si es que empieza a abandonar la concepción de que los corruptos políticos solamente son los ladrones del presupuesto nacional.

Para mayor amplitud sobre el tema de la corrupción política recomiendo leer a Jaramillo Gabanzo. “Corrupción política: reflexiones normativas y conceptuales orientadas a su estudio empírico” Memorias del X Congreso Nacional de Sociología Cali, Colombia. Noviembre de 2011;  y a Martínez Cárdenas y Ramírez Mora. “La corrupción en la contratación estatal colombiana, una aproximación desde el neoinstitucionalismo” Revista Reflexión Política. Vol 8. No. 15 Junio de 2006.

Zootecnista Universidad Nacional de Colombia, Candidato a Magíster en Producción Animal de la Universidad Nacional. Coordinador Nacional para asuntos de Paz de la Organización Nacional de Juventudes Liberales.

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