DETENER YA MASACRE DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Análisis Por

En Colombia los actores armados ilegales de extrema derecha no cesan en su empeño de matar la paz. Las Naciones Unidas han denunciado que en 2016 los atentados contra los defensores de derechos humanos alcanzaron, en el país, una cifra récord de 384 casos. En ese período murieron a manos de los violentos 127 líderes sociales, 64 de ellos eran defensores de derechos humanos, ubicados en las zonas donde antes tenía presencia las Farc.

Las cifras sobre el número de defensores asesinados en 2016 por los grupos de extrema derecha varía dependiendo de quien las presente. Para las organizaciones sociales fueron 120; para el gobierno apenas 64. Una enorme diferencia, que muestra la magnitud del fenómeno.

Aunque la Fiscalía le hace un serio seguimiento a los casos, sus estadísticas varían de las de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y organizaciones como Somos Defensores, Marcha Patriótica o Indepaz . Así queda demostrado en las reuniones de la Comisión Nacional de Garatías de Seguridad, CNGS, surgida de los acuerdos de paz, que busca garantizar la vida de los líderes de oposición y promotores de la reconciliación.

Lo cierto es que, según datos de las organizaciones sociales y medios de comunicación, como VERDADABIERTA.COM entre 2002 y 2016 fueron asesinados 558 líderes sociales, principalmente en los departamentos más afectados por la violencia, como Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba, Meta, Nariño, Huila, Chocó, Caquetá, entre otros.

El tema ha alcanzado niveles de alarma mundial, dada la inminente desmovilización de cerca de siete mil guerrilleros de las Farc, que han señalado que de no haber garantías a su seguridad podrían ser presa fácil de los enemigos de la paz en sus zonas de influencia o fuera de ellas. El propio Timochenko ha criticado la demora en la implementación del Acuerdo de Garantías de Seguridad. “No se pensara que los guerrilleros estamos obligados a salir como blancos para los sicarios”, dijo en reciente documento público emitido desde La Habana.

Las Naciones Unidas ha encendido las alarmas, recogiendo el clamor de las organizaciones de derechos humanos, como Marcha Patriótica, la UP y otras, que con cifras en la mano ha denunciado la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida en el territorio nacional, especialmente en las antiguas zonas de guerra, hoy en disputa por grupos paramilitares y narcotraficantes.

Aunque el gobierno nacional ha tratado de reaccionar, la verdad es que crece el temor de que el proceso de paz se convierta en una trampa mortal para los líderes sociales, que terminen pagando con su vida la incapacidad del Estado para actuar con contundencia contra el paramilitarismo, que se niega a aceptar el proceso de paz y la instauración de un nuevo orden interno, que significa nuevas reglas democráticas de convivencia. La plena vigencia de la Constitución en todo el territorio, con el consiguiente imperio de la Ley y monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.

El Presidente Santos ha liderado dos reuniones de la CNGS que, sin embargo, no han detenido el desangre de los defensores de derechos humanos. Hoy en la Casa de Nariño se reunirá de nuevo la CNGS a petición de los voceros de la Marcha Patriótica, que han denunciado el asesinato de varios de sus líderes en el últimos año, los cuales permanecen en la impunidad.

Será una oportunidad para contrastar cifras y ponerle seriedad a la lucha estatal contra la impunidad. Para afrontar este tema, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, también citó para el miércoles 22 de marzo a la CNGS, para afrontar el caso de la Marcha Patriótica. Se esperán importantes anuncios de ambas reuniones.

En un cambio total de la doctrina de su antecesor, el Procurador Carrillo se ha comprometido a ser veedor de los acuerdos de paz y a hacer realidad la Constitución de 1991, que es, en esencia, una carta de derechos. En días pasados se reunió, precisamente, con los miembros de la Comisión Étnica, a quienes les ratificó su voluntad de trabajar por el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con las minorías indígenas y afros. También creó la Procuraduría Delegada de Paz y Posconflicto; y la Procuraduría Delegada de Víctimas, al frente de las cuales puso a dos reconocidas intelectuales y defensoras de derechos humanos. Del mismo modo reforzará la Delegada de Derechos Humanos, para darle mayor presencia en los territorios.

El drama de los defensores de derechos humanos tiene que terminar. La acción integral del Estado, con la cooperación internacional, y el firme compromiso de la Fuerza Pública, copando el territorio y afrontando con dureza a los grupos paramilitares, puede contener ese desangre. La Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene que depurar de sus programas a muchas personas que abusan y no necesitan escoltas ni carros blindados, y brindarle esos recursos a quienes sí los necesitan. Gente que defiende los acuerdos de paz y con la Constitución como escudo trabaja en los territorios para garantizar la vigencia de la democracia.

Matar defensores de derechos humanos es una estrategia perversa de quienes se niegan a un nuevo destino de paz para Colombia. De la manera como el Presidente Santos y el Estado en general afronten este fenómeno dependerá que la paz germine en los territorios y la fe en una nueva Colombia de convivencia no se desvanezca. Hay que detener ese desangre ya.  

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