EL PROCURADOR ANUNCIA QUE DEFENDERÁ EL MEDIO AMBIENTE

Análisis Por

El Procurador General de la Nación ha hecho un llamado para que las autoridades asuman una mayor responsabilidad en materia ambiental, en momentos en los cuales es evidente que existe una gran preocupación social por el tema.

La declaración del procurador Fernando Carrillo se da precisamente en el momento en que sucedía dos hechos paradigmáticos para el país. El primero, el contundente triunfo del rechazo ciudadano a la minería en Cajamarca, y el segundo, la terrible tragedia de Mocoa.

Los ciudadanos de Cajamarca, con el respaldo moral de millones de colombianos, le dijo No (98%) en una consulta popular a la posibilidad de desarrollar minería en su territorio, uno de los más importantes productores de alimentos del centro del país. En sus montañas nacen varios de los más importantes ríos, que son la garantía de desarrollo para varios municipios del Tolima.

Sin embargo, a pesar de la contundencia de la decisión popular, el ministro de Minas, un oscuro funcionario vallecaucano, apadrinado por el exministro de Hacienda y actual presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, anunció por todos los medios y con total contundencia, que el gobierno no respetará la determinación de los cajamarcunos y que la Consulta no es vinculante.

Germán Arce Zapata es el ministro que se atreve a pronunciarse más como un promotor de la AngloGold Ashanti, que como un funcionario que debe respetar las leyes. Su recorrido por el sector público es amplio, pero decepcionante. Como viceministro de Hacienda y Director de Crédito Público fue un alma errante por el edificio de San Agustín. Llegó posteriormente a la presidencia de la Agencia de Hidrocarburos, pero los funcionarios no recuerdan ninguna gestión importante en los 10 meses que estuvo allí.

Arce Zapata luego accedió a la dirección del Fondo de Adaptación, con un presupuesto de 1,5 billones anuales y su trabajo en pro de la reconstrucción de los territorios que sufrieron los embates de la ola invernal de 2010, fue un fracaso rotundo. Una de las misiones que le encargaron fu la reconstrucción de Gramalote y le quedó tan grande el compromiso, que el propio presidente Santos lo regaño en público por su ineficiencia, sin embargo, meses después lo nombró ministro de Minas como cuota del Partido Conservador.

De otro lado, cuando el país apenas estaba comenzando a evidenciar el ingreso de la primera temporada de lluvia, se presentó en Mocoa una tragedia que está cobrando, de momento, cerca de 310 víctimas mortales. Este es el segundo hecho paradigmático.

Estudios habían advertido de los riesgos de inundación o de avalancha de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos a través de estudios técnicos. En la Cámara de Representantes también se había advertido en 2015 sobre los peligros que se cernían sobre la población. No valieron las cartas de un Congresista para que se tomaran acciones urgentes de prevención en los ámbitos nacional y regional. Los alcaldes siguieron autorizando construcciones en terrenos con riego no mitigable por deslizamiento o inundación y la Corporación Autónoma Regional de la Amazonía se lavó las manos asegurando que el tema de los riesgos no era de su competencia.

El procurador Fernando Carrillo ha anunciado investigaciones (y todos le creemos que lo hará). Ojalá se llegue a las últimas consecuencias. Que no sólo se investigue y sancione la negligencia de funcionarios nacionales y territoriales que por su omisión permitieron una tragedia de grandes proporciones, sino también al ministro Arce, que con forzados argumentos tecnico-jurídicos intenta desconocer una decisión popular y abraza, como suyos, sin ninguna clase de escrúpulos, los intereses del capital privado y muy especialmente el de las transnacionales, en vez de defender a una comunidad que lucha por no permitir que sus ríos sean contaminados, que sus montañas sean destruidas y que su territorio entre en conflictos, especialmente sociales, porque como todos sabemos, donde hay minería, hay delincuencia y pobreza.

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