FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE ¿LA RENTABILIDAD SOBRE EL INTERÉS GENERAL?

Análisis Por

Bogotá es una ciudad que contradice al mundo, lo contradice cuando crece como una ciudad en donde la densidad poblacional está en la periferia, con millones de personas que habitan las áreas  alejadas del centro y los lugares de estudio y trabajo, mientras en la mayoría de ciudades la densidad poblacional sucumbe en los centros urbanos,  también lo contradice cuando decide ser una ciudad de buses Diesel a pesar de sus casi 10 millones de habitantes sumando los pueblos (suburbios) vecinos de la capital y dejando de lado la multimodalidad de transporte de la que gozan las grandes ciudades del mundo, tanta es la contradicción que ya somos la única capital con más de 2 millones de habitantes en Sudamérica sin metro.

Pero si de contradicciones hablamos en el tema de la financiación somos una abierta contradicción con los sistemas multimodales y eficientes del mundo occidental, y es que existe un común denominador en los sistemas de transporte público de muchas grandes ciudades que consiste según lo dice M. R. Montañez (2014) en el modelo de equilibrio: “Gastos de operación + inversiones = Tarifas  + aportaciones públicas” este último lo marco en negrilla dado que se nos ha dicho y repetido que subsidiar es algo “Castro-chavista”, que el estado no debe girar recursos del erario para sufragar gastos en transporte público, no obstante, esto que llaman  “Castro-chavista” o “comunista” es el común denominador en los modelos de transporte público de los países más capitalistas, desde ciudades como Nueva York, y hasta París o Londres.

En Europa por ejemplo, la misma Unión Europea a través del libro blanco del transporte de 2011, en donde instan a  gobiernos locales y nacionales a financiar y regular el transporte público, entendido  como la forma en la que los ciudadanos tienen la capacidad de acceder a sus derechos y deberes de forma armónica con las exigencias de las sociedades del siglo XXI, en este orden de ideas, encontramos ciudades en Europa con sistemas de transporte MULTIMODALES manejados por empresas privadas pero donde hay competencia: es decir, puede elegir pagar cuotas anuales por el uso de bicicletas públicas (gratuito en algunos casos) o decidir usar buses, trenes o metros.

Lo anterior nos muestra sin duda la gran diferencia de sistemas, mientras en algunas ciudades existe competencia privada con financiación estatal para prestar un buen servicio a los ciudadanos, en Bogotá el Transmilenio monopólico se nos ha vendido como el sistema estrella en donde la rentabilidad pesa por encima del interés general de los ciudadanos como actores principales de la estructura del transporte público y del dinamismo en las ciudades, bajo estas reglas del juego ¿Es más capitalista un sistema monopólico o un sistema de competencia multimodal al que nos hemos opuesto por décadas? Particularmente de las ideas que haga el lector, es bueno aclarar que la competencia de modos y la financiación estatal son fundamentales para la mejora continua del servicio de transporte público en ciudades como Bogotá y del resto del territorio nacional y que esta financiación debe entenderse como una ayuda necesaria al desarrollo y no como un subsidio, si bien estos últimos ya existen y deben seguir siendo focalizados a las comunidades que lo necesitan.

No podemos entender en la práctica un servicio público en donde la utilidad sea el fin, por el contrario, al ser un servicio de uso público debe buscarse los mecanismos técnicos, legales y financieros para hacer de él un servicio accesible a los ciudadanos de todas las condiciones socioeconómicas y de todos los rincones de la ciudad, pues, los ciudadanos a través del derecho del interés general sobre el particular deben ser directamente beneficiados en cuanto puedan elevar sus niveles de calidad de vida, hacer maximización del recurso tiempo como también del recurso económico y a tener un transporte digno a precio justo según las condiciones de ingreso de la población que permita el desarrollo psico-social de ellos y su entorno.

Es deber de la administración pública por medio de los canales constitucionales y legales buscar la satisfacción del interés general y es deber de los ciudadanos exigir cada día un mejor servicio y cuidar los activos con los que ya contamos, buscando la prevalencia del transporte público sobre el transporte de uso privado como los vehículos automotores.

Administrador Público. Trabajó para la Fundación Proyecto Emprender, capacitando jóvenes en los barrios deprimidos de Buenos Aires. Líder de opinión en temas Urbanos.

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