¿Pánico económico vs. Libertad de expresión?

Análisis Por

La libertad de expresión, en parte surge como consecuencia de la libertad de pensamiento, que es inherente al ser humano, sin embargo, es bien sabido que la primera a diferencia de la segunda no es infinita, a pesar de que esta se garantice en los estados democráticos, posee ciertos límites y que tal como lo expresa el artículo 20 constitucional conlleva la responsabilidad social, lo que se traduce en ponderar el impacto social negativo o positivo de determinada conducta o decisión.

Lo que se pretende proteger con el delito de pánico económico, no son los intereses de las entidades financieras sino el orden público económico, en palabras de la Corte constitucional, en sentencia C 083 de 1999:

El orden público económico se consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en la que participan activamente los sectores público, privado y externo, y la intervención estatal que busca mantener el orden y garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad (…)”

¿El delito de pánico económico fue fruto del populismo punitivo?

En nuestros días, cuando ha habido una afectación, el derecho penal dejó de ser la ultima ratio. Tras lo ocurrido en el año 2000, las falsas noticias respecto al Banco Davivienda y el consecuente retiro masivo de dineros de las cuentas de ahorro por parte de los particulares, el legislador consideró que ya no bastaban las sanciones que imponían las Superintendencias (Bancaria, hoy financiera, de Industria y Comercio, de sociedades) y decidió penalizar la conducta para futuros sucesos que se enmarcaran en este tipo penal. No obstante, este delito no fue el resultado de una política criminal razonada, sino que buscaba más que prevenir, sancionar. Dada la urgencia legislativa, se reguló la cuestión no en leyes especiales sino en el código penal, es por lo anterior que el tipo penal pánico económico, quedó consagrado en el artículo 302:

“El que divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por la Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un Fondo de Valores, o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituido incurrirá (…)

Es necesario resaltar que, al discutir acerca del tema de la libertad de expresión es vital analizar el caso en concreto, ya que en repetidas ocasiones una publicación no vulnera bienes jurídicos, y posiblemente lo que hay en sí, es un desvalor de resultado.

¿Se configura el delito de pánico económico al los twitteros incitar el retiro de activos en las cuentas bancarias por supuesta inestabilidad del sistema financiero?

Cuando efectivamente se pone en peligro o se vulnera el orden publico económico, el aparato gubernamental estatal entra en acción. En la primera semana de diciembre, del presente año, tras la denuncia de la Superintendencia financiera ante la Fiscalía, por los tuits que propendían por la sustracción de dineros en las cuentas de ahorro, por supuestos embargos y retiros por parte de entidades norteamericanas a cuentas bancarias colombianas. Será el juez penal quien decidirá conforme a la investigación realizada por la fiscalía, si ciertamente se configuró o no el delito de pánico económico.

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