Sólo fue el 0,31%

Análisis Por

El 11 de septiembre de 2017, los medios de comunicación nacional hacían eco del comunicado de prensa en el cual se daba a conocer la sanción que el Consejo Nacional Electoral-CNE imponía a algunos partidos políticos por haber inscrito candidatos inhabilitados a las elecciones de autoridades territoriales del 25 de octubre de 2015. La sanción correspondía a la suspensión del derecho a inscribir candidatos o listas en las circunscripciones dónde se inscribieron dichos inhabilitados.

Por supuesto, dicha sanción constituía un hito importantísimo en la historia política reciente ya que configuraba una sanción que afectaba de manera directa la función de los partidos políticos, que es la de participar en comicios electorales, especialmente para el Partido Liberal Colombiano que según la Resolución 2294 del 6 de septiembre de 2017 del CNE, inscribió 49 candidatos en varias circunscripciones dónde en 2019 no podría participar en elecciones a Concejo en varios municipios, especialmente en Bogotá, ni en elecciones a Asamblea Departamental en Arauca, ni a alcaldías en Soledad Atlántico y Caucasia Antioquia, amén de Juntas Administradoras Locales en Cali, Medellín, Manizales, Neiva, Florencia, Sincelejo, Riohacha, Bucaramanga entre otras.

Las pruebas sobre las que el CNE basaba su sanción no eran ni más ni menos que las resoluciones por las cuales el mismo CNE había revocado en su momento la inscripción de esos 49 ciudadanos, asunto contra lo que la defensa del Partido Liberal Colombiano no presentó descargos en su momento, según se desprende de dicha Resolución, haciéndolo en el proceso del recurso de reposición que fue resuelto en la Resolución 2356 del 16 de agosto de 2018, once meses después de la resolución sancionatoria.

En dicho recurso de reposición, el apoderado del Partido Liberal Colombiano argumentaba que los 49 candidatos inscritos y luego revocados por los que se le sancionaba, correspondía a un margen de error de 0.31%, “producto del error de algunos delegados por las directivas del Partido Liberal Colombiano para la expedición de avales y que por esto la responsabilidad no debe ser atribuida a título de culpa y mucho menos de dolo” (Resolución 2356 de 2018 CNE, pag 8).

Este argumento fue desestimado por el CNE, al considerar que “el numeral 5 del artículo 10 de la ley 1475 de 2011 tipifica como conducta sancionable la investigada y el sujeto activo de la misma es la colectividad política a la que corresponde realizar todas las acciones correspondientes para no incurrir en ella, no constituyendo causal eximente de responsabilidad los yerros en que incurran las personas delegadas para su cumplimiento” (Resolución 2356 de 2018 CNE, pag 12).

Así mismo, la defensa del Partido Liberal afirmaba que unas inhabilidades eran por consanguinidad, otras eran inhabilidades especiales y otras inhabilidades por ser contratista del Estado y que “el Partido no podía saber que los candidatos relacionados se encontraran inmersos en las causales de inhabilidad” (Resolución 2356 de 2018 CNE, pag 13), aspecto que para el CNE no era suficiente elemento que eximiera la responsabilidad, por cuanto todas “las causales de inhabilidad son causales objetivas y que su prueba es netamente documental” (Resolución 2356 de 2018 CNE, pag 13), con lo que el CNE reiteraba que la responsabilidad para acreditar la ausencia de inhabilidades recae única y exclusivamente sobre los Partidos y movimientos políticos, concluyendo de esta manera que “en cuanto a la sanción impuesta al Partido Liberal Colombiano, está probado que fue por el incumplimiento  al deber de cuidado al momento de verificar los antecedentes de los ciudadanos que fueron inscritos para las elecciones de autoridades locales del año 2015” (Resolución 2356 de 2018 CNE, pag 14).

De acuerdo con la Resolución 2356 de 2018, la sanción impuesta en 2017 fue modificada por una sanción financiera correspondiente a la privación de financiación estatal, la cual fue tasada a partir de la proporción de la cantidad de candidatos inscritos por el partido (13.494), la cantidad de candidatos inhabilitados (49) y la cantidad de dinero entregado al Partido por concepto de Financiación por Funcionamiento (6.030 millones de pesos), lo que en ultimas generó una sanción de 25 millones 430 mil pesos a pesos de 2018.

Ahora bien, a pesar de la eminente salvación que fue la modificación de la sanción inicial, las directivas nacionales del Partido Liberal Colombiano deben considerar que el CNE ya no es una instancia pasiva ante el incumplimiento de las normas por parte de los partidos y movimientos políticos y que es capaz de suspender la inscripción de candidatos en circunscripciones tan grandes como Bogotá.

Y es que si dicha sanción hubiese prosperado, habría sido la estocada final para el Partido Liberal en el Distrito Capital, que ha venido en un franco retroceso en votación que podría ser resultado del envejecimiento de la maquinaria de los Ediles que mantiene a los Concejales, que guardan silencio cómplice ante una Administración Distrital díscola que se ha dedicado a inaugurar obras públicas de la Administración anterior (colegios y cales aéreos) y cuya mayor obra para la posteridad será la del arboricidio de 2018 y las patéticas propuestas de urbanizar una reserva forestal, meter a la fuerza Transmilenio por una Carrera Séptima súper angosta en lugar de hacerlo en avenidas grandes como la Boyacá y  la onerosa cifra de más de 100 mil millones de pesos en publicidad.

Algunos ya afirman que es poco probable que se logre mantener las 6 curules actuales que se tienen en el Concejo Distrital en 2019 y que es mejor presentar una lista cerrada que permita que todos jalonen para pasar el umbral, aspirando a que pasen los 3 primeros de la misma.

Finalmente, las directivas del Partido deberían considerar lo dicho por el CNE y aumentar los mecanismos de verificación de las calidades de los aspirantes al aval.

La meta es que hayan cero candidaturas revocadas en 2019, algo que no es muy difícil ya que como lo dijo la defensa del Partido, sólo fueron 49 los inhabilitados de 13 mil candidatos avalados, lo que indica que sí es posible hacer la verificación y que el problema no es por falta de recurso financiero para el funcionamiento del Partido ya que este alcanza incluso hasta para pagar una multa.

Debería entonces la Dirección Nacional esforzarse un poco más en ese proceso de verificación y evitar dolores de cabeza posteriores. Como dirían algunos, se puede.

Zootecnista Universidad Nacional de Colombia, Candidato a Magíster en Producción Animal de la Universidad Nacional. Coordinador Nacional para asuntos de Paz de la Organización Nacional de Juventudes Liberales 2014-2018.

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