A dos años del acuerdo con las FARC

Opinión Por

En noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón el acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC y se ratificó por el Congreso de la República. Hoy vale la pena hacer un breve balance de los aspectos positivos que ha dejado y también de los efectos indirectos y los pendientes.

Hay aspectos obvios, pero no por eso menos importantes, el primero se acabaron las FARC como grupo armado que invocaba una causa política para su actuar y eso tuvo un impacto positivo en la seguridad en muchos territorios y en los miembros de nuestra Fuerza Pública, dicho de manera sencilla hemos evitado muchas muertes de compatriotas. ¿Qué hay unos grupos de disidencias? Si, pero estaba previsto, se dan en todos los procesos de fin de conflictos armados y no tienen futuro como grupos armados delincuenciales. Hoy tenemos el partido político FARC con antiguos guerrilleros haciendo política en el Congreso -con mejores garantías de seguridad que en el pasado, aunque siguen dándose muertes de exmiembros de FARC, hechos condenable pues el Gobierno  debe mejorar en las medidas de protección- y fuera de allí y de eso se trataba, acabar una amenaza militar y su conversión en una organización política, previa dejación de las armas. Los antiguos miembros de esa guerrilla, están en plan de ser juzgados por la JEP que recién comienza a despegar, igual que los militares o policiales involucrados en delitos no amnistiables asociados al conflicto armado; contamos con una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que está empezando a funcionar y construir su legitimidad. Tenemos un Estatuto de Oposición que amplia las garantías políticas para las fuerzas políticas perdedoras y por consiguiente mejora la calidad de la democracia. Que no se aprobó la reforma política elaborada por la Misión Electoral Especial o las curules para los territorios más afectados por el conflicto, también es verdad y es un gran pendiente.

Se viene dando el proceso de reincorporación de excombatientes con muchas dificultades administrativas -por ejemplo la llamada ‘lista Clinton’-, pero con un gran apoyo de la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y Naciones Unidas, y con un apoyo importante de muchas Universidades y el SENA en cuanto a capacitación y asesoría. Que en lo agrario las cosas apenas intentan comenzar, es verdad también, pero vale la pena decir que el actual Gobierno del Presidente Duque, que viene de los sectores que se opusieron al Acuerdo y ganaron el plebiscito, ha tenido una actitud realista y responsable y en documento de octubre pasado denominado “La Paz, la Estabilización y Consolidación son de todos” de la Alta Consejería Presidencial  para la Estabilización y Consolidación, expresamente señala: “El Presidente Duque cumplirá con lo pactado…la implementación del Acuerdo se hará respetando y reconociendo las políticas inclusivas de género y étnico, con amplio énfasis en las políticas orientadas a la mujer rural” y se plantea como compromiso de este gobierno presentar en 2019 los proyectos de ley de Catastro Rural Multiproposito y ampliación de la cobertura  de la Jurisdicción Agraria en el primero y segundo semestre. Sin duda este documento clarifica el compromiso de este Gobierno con la implementación, aun cuando el tema no tendrá para este Gobirno la centralidad que le dio el gobierno anterior, por razones obvias.

Pero también la terminación del conflicto armado con las FARC, aunque siga pendiente lograrlo con el ELN -ahí hay que darle un poco de tiempo al actual Gobierno-, generó un nuevo ambiente político en el país que permitió elegir un Congreso diverso donde ya no hay fuerzas políticas hegemónicas y obliga a construir acuerdos de forma permanente -para algunos es una especie de escenario de incertidumbre- y ha permitido que el extraordinario movimiento por la defensa de la Universidad Pública se adelante sin estigmatizaciones como las del pasado, con un comportamiento de la Policía más respetuoso -no faltan casos de comportamientos excesivos, también en algunos minúsculos grupos de encapuchados- y en general que haya mayor respeto por la protesta social -una de las conquistas del Acuerdo-.

¿Podría estar mejor la implementación? Por supuesto. Pero de manera realista debemos decir que las cosas han venido avanzando y hay que reconocer el aporte en esa dirección que han dado los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC comprometidos con la implementación; a los que dudan y plantean legítimas preocupaciones hay que estimularlos a que se sumen y decirles, no hay procesos perfectos y lo existente se puede mejorar.

Doctor en Ciencias Políticas, de la Universite Catholique De Louvain, y Magister en Política Social de la Universidad Externado de Colombia. Es autor de múltiples investigaciones y actualmente Profesor asociado de la Universidad Nacional.

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