¿Educación no guerra?

Opinión Por

La extraordinaria movilización estudiantil y de los estamentos educativos cuya primera jornada se llevó a cabo el pasado 10 de octubre se justifica plenamente.
El propósito fundamental anunciado por los organizadores de las marchas era el de lograr que el presupuesto para las instituciones de educación pública en 2019 ascienda a 4,5 billones de pesos.
El gobierno respondió con el anuncio de que adicionaría 500.000 millones al presupuesto, suma, que resulta insuficiente para paliar la crisis de la educación que partió estructuralmente de la promulgación de la Ley 30 de 1992, cuyo artículo 86 dispuso que el financiamiento de las 32 universidades públicas se incrementaría anualmente con el IPC. Ello significa que en la práctica y en términos reales el presupuesto de las Universidades públicas está congelado desde 1993.
Desde ese mismo año está paralizada la planta profesoral y las universidades deben financiar con recursos propios el 45 % de sus actividades y afrontar sin ningún apoyo las demandas de infraestructura de una población que no cesa de crecer y que requiere docentes de tiempo completo, nuevas y mejores instalaciones, laboratorios modernos y desarrollo tecnológico y de infraestructura, demandas apremiantes en las cuales el Estado se había comprometido a invertir $15 billones de los cuales no ha aportado un solo centavo.
Por eso las instalaciones de la Universidad Nacional se caen a pedazos. Y cosa similar ocurre en muchas de las instituciones de educación superior en las diversas regiones del país.
Una parte sustancial de los recursos que deberían ser destinados al fortalecimiento de la Universidad pública fueron a parar a las universidades privadas por la vía de Ser Pilo Paga y de las becas del Icetex.
La inversión estatal en el programa Ser Pilo Paga entre 2016 y 2018 ascendió a 3.5 billones de pesos con un alcance de 40.000 estudiantes beneficiados en todas sus cohortes, mientras que los aportes que por todo concepto efectuó el Estado para financiar las universidades públicas en beneficio de 600.000 estudiantes fue de 3,6 billones. Resulta evidente, que, desde la perspectiva del impacto de los recursos, a pesar de sus bondades, Ser Pilo Paga como fue concebido y está funcionando, resulta insostenible.
Con Ser pilo paga un número significativo de estudiantes de estratos populares, bien calificados, estudia como lo hacen los ricos, a tarifa plena en universidades privadas que no les ofrecen becas, ni descuentos, ni cofinanciación, mientras la universidad pública que debería garantizar a los ciudadanos por el hecho de serlo una educación de calidad, universal y pertinente, se derrumba.
Para nadie la situación es fácil. Los estudiantes lo saben porque lo viven en carne propia. No se limitaron a exigir mayor presupuesto, además, mediante pliego radicado en el Congreso de la República solicitaron de manera perentoria al Gobierno Duque “la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el Icetex con tasa real de interés en 0 por ciento, condonación para los alumnos del programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado, y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos”.
Pese a los abultados ingresos desviados hacia las universidades privadas, la situación de la clase media que se educa en estas entidades también es crítica. Los altos costos de las matrículas se están volviendo impagables para tantas familias, que no pueden disponer de sus ingresos ordinarios desembolsos que pueden promediar los 20 salarios mínimos y que se ven forzadas a endeudarse peligrosamente con el Icetex y con los bancos.
Entre tanto las agremiaciones educativas se preguntan, sin encontrar respuesta, a dónde fueron a parar los recursos que se arbitraron en la reforma tributaria de 2016, que subió el Iva del 16 al 19 % destinando un 1% a la educación y un 0,4 a la educación superior.
Los dos principales rubros del presupuesto nacional están concentrados todavía en Defensa y Educación.
En 2018 a la cartera educativa le correspondieron $37,4 billones, cifra superior en 5,8% respecto a la del 2017, mientras a Defensa y Policía le fueron asignados $31,6 millones, 5,5% más que en el año anterior.
Sin embargo, las necesidades de la población colombiana son enormes y cada vez más apremiantes.
Nadie ignora que en la sociedad globalizada y de conocimiento en que nos ha tocado vivir jamás podremos alcanzar altos estándares educativos ni los niveles de crecimiento a que aspiramos si la guerra persiste y si los partidarios de la confrontación imponen la sinrazón de la violencia en una nación que tiene abiertas todas las opciones de la paz.
La calle ha tomado conciencia de que es así y ha comenzado una gran movilización en pro de la excelencia educativa que concita y merece toda la solidaridad posible.
Por eso, cerca de 1000.000 personas en la Plaza de Bolívar corearon la consigna :”Presupuesto, presupuesto, para la educación. No más armas ni dinero para la guerra. No queremos seguir matándonos.”

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