Incautar cualquier dosis de droga: El populismo hecho decreto

Opinión Por

Incautar la dosis mínima a cualquier persona que a discreción de la Policía no pueda demostrar que efectivamente es adicto, junto con el regreso de la aspersión con glifosato, parecen las grandes medidas de política antidrogas del nuevo gobierno.

Frecuentemente al hablar con personas que defienden la primera medida mencionada, hablan de proteger a nuestros jóvenes y a nuestros niños del consumo de drogas, y por supuesto de la adicción a las mismas. Además, se habla de la imperiosa necesidad de disminuir el consumo que en consideración del gobierno ha venido en aumento (pues los estudios sobre este tema se contradicen).

Pero la medida no hace ni lo uno, ni lo otro. Aún si omitiendo el importante debate jurídico que muestra como ese decreto viola las leyes creadas para este tema, y la sentencia C-221/1994, el enfoque de las políticas no reduce efectivamente el consumo, hoy es delito el expendio y comercialización de las drogas, así que afirmar que llega a los jíbaros que hoy venden es falso.

Mientras exista el mercado, el consumidor encontrará formas de obtener su producto, incluso a través de un simple domicilio. El consumo en espacio público, ya está prohibido, como el consumo de alcohol, hacer cumplir esa norma no es una medida nueva, ni que cambie la forma como el delincuente llega a un nuevo consumidor.

Lo jóvenes no necesariamente portan una dosis mínima que implique su incautación en una requisa, y los jíbaros que rodean los Colegios no han dejado de vender o tener consumidores porque el consumo esté prohibido en espacio público.

Investigaciones demuestran como la prohibición podrá sonar muy popular pero su efecto sobre la reducción del consumo es casi nula, por ejemplo, en ocho años hemos capturado a 77.500 personas por delitos relacionados a este tema, y eso no ha cambiado la estabilidad de ese mercado, mientras durante 2017 las mayores conductas sancionadas por el Código de Policía son el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol con un 21%, esto se encuentra encima del porte ilegal de armas blancas con un 12%.

Además es evidente la falsa premisa: “Si aumentamos la incautación, disminuimos el consumo” Si un jíbaro o consumidor pierde lo incautado, es más probable que bajo las reglas del mercado, reemplacen lo que perdieron, pues no tener la droga para un consumidor no es un estímulo para simplemente dejarla, y eso a la larga aumenta la oferta.

A lo anterior debemos sumar que entre 2001 y 2015 gastamos 10,6 billones de pesos por capturas sobre el delito de porte, incautación, y tráfico que estupefacientes, y en medio de un sistema judicial saturado y mal financiado tendría que recibir más trámites relacionados con este delito, y no precisamente de la raíz de la producción y comercialización de droga, sino, de consumidores o simples jíbaros de algunas zonas del país, aumentando los costos, sin generar efectos reales sobre el consumo que buscan combatir.

¿Y la Policía? El decreto no parece reglamentar las condiciones que tendría que revisar un Policía en la incautación, mientras un sistema de incentivos para que haya más incautaciones solo podría crear más corrupción (reciclaje de lo incautado), y estigmatización, ¿A quién considera la policía un potencial consumidor?, ¿Qué estereotipos usaría?, ¿Tener tatuajes, ser habitante de calle (un evidente adicto que no tiene ni documentos médicos, ni un familiar a su lado que lo certifique) o quizás jóvenes pobres (y con pobres sería bajo qué evidencia)?

El efecto mediático sobre las personas preocupadas por el consumo de nuestros jóvenes y niños, con medidas facilistas que no cambian ese riesgo, hacen notar una medida más populista que necesaria.

Hace años que en bares o eventos se permite la revisión de sustancias que consumen los asistentes por parte de personas calificadas, evitando que consuman algo aún más adverso, algo que desaparecería, pero que parte de un hecho fundamental, no se elimina un mercado donde la fabricación y comercialización ya es un delito, estigmatizando al consumidor, se hace tratándolo como un tema de salud pública, y por qué no, abriendo el debate al consumo recreativo (en especial en casos como la marihuana).

Politólogo con Énfasis en Comunicación Política. Fue director del programa radial Politizate de Poliradio y Estratega digital del Partido Liberal Colombiano. Investigador en temas electorales.

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