La esperanza es la educación

Opinión Por

Esta semana las calles de varias ciudades colombianas se convirtieron en verdaderos ríos humanos, eran miles y miles de jóvenes universitarios que salieron a protestar de manera pacífica por lo que llamaron un recorte exagerado en el presupuesto que financia la educación superior pública del país.

Sobre la defensa de la educación superior hay estudios de la Asociación Colombiana de Universidades Públicas y Privadas –ASCUN-,  del Sistema Universitario Estatal -SUE-, muy serios, investigaciones, donde prácticamente se identifican con cifras que cada año el aporte estatal se disminuye para la educación superior, especialmente, la educación para los pobres, que en el Pacífico solamente tiene acceso el 7% de cada mil estudiantes que egresan del bachillerato o educación media.

La Ley 30 del 92 por la cual se organiza la educación superior prácticamente  indexo al IPC el aporte nacional. La población universitaria en 1993, año siguiente a la Ley 30 era de 159 mil estudiantes en las aulas de las universidades públicas, hoy esa misma población alcanza los 611 mil estudiantes, quiere decir que ese IPC es absolutamente insuficiente.

Ahora bien, los aportes del gobierno nacional en 1993 a la universidad pública representaba en ese entonces 3,6%, hoy a cifras del 2015, podemos registrar que hoy se aporta sólo el 2% del gasto público nacional.

Las universidades públicas, sólo reciben el 10% del presupuesto total para el sector educación, reclaman al gobierno medidas urgentes y de fondo para subsanar un déficit de medio billón para funcionamiento y un desfinanciamiento estimado de $15 billones, producto de la disminución en el porcentaje de aportes del Estado, que en 1993 representaban 73% del presupuesto y a 2016 solo llegaron a 48%.

Las universidades se han multiplicado en facultades, las facultades se han diversificado en programas de manera significativa casi que en todas las 32 universidades públicas del país, por otro lado, el gobierno nacional, en buena hora califica la educación pública superior como de calidad, pero no apropia los recursos suficientes para garantizar ese sello.

Los programas de Registro Calificado para la universidad pública, los programas de Acreditación de Alta Calidad que demandan laboratorios, bibliotecas, profesores de educación avanzada con doctorados, hospitales y clínicas para educación en salud, pues esos recursos no están apropiados por el gobierno nacional que exige alta calidad, pero no mejora el presupuesto educativo para la educación superior.

Ante esta realidad nacional, vemos muy justas las reclamaciones de los docentes y el estudiantado y de toda la sociedad colombiana en mejorar las condiciones de financiamiento a la educación superior pública.

El impuesto sobre la renta para la equidad –CREE- que fue saludado por nosotros, le aportaba supuestamente 433 mil millones de pesos a la educación superior pública, terminó aportándole cien mil millones y así el IVA social de hace un par de años terminó prácticamente en un desfinanciamiento de lo que se esperaba, por lo tanto encontramos toda la razón en esa reclamación de los universitarios en nuestro país.

Nuestras universidades públicas deben ser sólidas y sostenibles, fuentes del conocimiento que ilustren a los nuevos profesionales como ciudadanos de bien, útiles a la sociedad, que le aporten a un país que ve en ellos su futuro.

Un país donde no se garantice una educación de calidad, está condenado a vivir en el atraso, a perpetuarse en el subdesarrollo y a seguir navegando entre la ignorancia y una pobre mentalidad que lo sumerge en el día a día, sin aportar nada a la dinámica nacional, se necesita entonces una educación que transforme a la sociedad.

En el saber está el progreso de las naciones, la educación es la base que transforma a las sociedades, no podemos minimizar sus recursos, cuando cada vez más se necesitan de estos para su funcionamiento, para inversión, para ciencia y tecnología y para tantas otras necesidades que hoy requieren de manera urgente nuestras 32 universidades públicas.

Siempre apoyaremos la justa causa de nuestros jóvenes universitarios, que es la causa de todos, porque #LaEsperanzaEsLaEducación

Abogado y Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con una Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Andalucía. Fue Presidente de la Asamblea de Nariño y Concejo Municipal de Pasto, Secretario de Hacienda de este mismo departamento y actualmente es Senador por el Partido Liberal Colombiano.

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