La paz como derecho y deber en Colombia

Opinión Por

La historia de nuestro país se encuentra enmarcada por un margen de violencia proveniente de los conflictos entre diversos actores del estado que han buscado su propio beneficio a través de la historia, haciendo  uso ‘’legitimo’’ o ilegitimo del poder, continuando con este círculo vicioso, que inauguran pocos, pero incide en todos.

Un círculo vicioso donde  un actor del conflicto, realiza una labor corrupta, afectando alguna parte de la población, la cual manifiesta su inconformismo, y se crean discordias motivadas por dilemas que no suelen ser resueltos de forma inmediata, e influye en mayor nivel de disentimiento,  expresado tanto en forma pacífica a través de protestas de algunos sectores, o de forma violenta siendo colaboradores de acciones fomentadas por grupos armados al margen de la ley.

Al originarse el conflicto interno, se han vivenciado sus desmesuradas consecuencias que han afectado drásticamente a la población durante décadas. Causando desplazamiento forzado, secuestros, asesinatos, ataques violentos, etc. Afectando a miles de inocentes, víctimas de un conflicto insaciable que intentó ser mitigado en gran medida por medio del acuerdo de paz, pero cuyas características regenerativas han motivado su continuidad, causando hoy más afectaciones como el asesinato de líderes sociales, el alto nivel de desplazamiento que aún se mantiene, de lo cual el Consejo Noruego para Refugiados reportó que cada tres días un líder social ha sido asesinado y  145.000 personas han sido desplazada de sus hogares en 2018, y 1300 a inicios de 2019.

Así que se han vulnerado los derechos humanos de la manera más radical y como si fuera poco se ha intentado hacer modificaciones a la justicia especial para la paz poniendo en riesgo cada vez más el acuerdo construido con ingente esfuerzo. Lo cual me lleva a relacionar el rol estatal con la popular frase: ‘‘ni hace ni deja hacer’’. Lamentablemente, se ha mantenido un rol de pasividad muy marcado, causando ausencia estatal ante la requerida resolución de los mencionados conflictos y un rol inversamente proporcional a la estabilidad del acuerdo de paz con las intenciones de ajustes a la JEP.

¿Acaso se quiere repetir el ciclo destructivo de violencia que ha causado tan inefables afectaciones en nuestro país? No se está jugando a pesos y contra pesos ideológicos, ni al juego de tronos por la razón absoluta, estamos tratando asuntos de, seguridad, integridad, paz, y desarrollo. No es un juego, y tampoco necesitamos un estado pasivo ni destructivo.

El rol del estado debe ser el de garante de paz como derecho fundamental, tal y como se menciona en nuestra constitución en su artículo 22 señalando que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero en nuestro país al parecer se suele hacer caso omiso a la integral connotación de derechos y deberes en relación con la construcción de paz. No hemos encontrado el punto de común acuerdo debido a intereses personales que lamentablemente suelen manejarse  por parte de algunos integrantes de las esferas de poder, quienes incluso se ausentan en el momento de decidir la aprobación o rechazo de las modificaciones a la JEP, como si se tratara de una decisión aplazable o cero importante.

Y hoy me pregunto, ¿cómo podríamos hablarles de estos ‘’gobernantes’’  a las miles de víctimas del conflicto que dieron su voto convincente y esperanzador a favor de la implementación acuerdo de paz en 2015, y los mismos cuyo mayor anhelo es vivir en un país en paz, donde nadie tenga que repetir sus historias de flagelo por el conflicto? y ¿cómo les explicamos a los millones de niños de Colombia que aún no podemos garantizarles un futuro sin guerra por la voluntad de sectores que no han comprendido el valor de la paz, y siguen promoviendo actos contraproducentes?

El día que se comprenda que las discordias ideológicas por dominio y poder no tienen ningún sentido cuando se trata de buscar el bienestar de toda una nación, se trabajará en unidad, construyendo a partir de la diferencia enfocados todos en la lucha por alcanzar tan anhelado fin en nuestro país, como dijo Albert Camus, la paz es la única batalla que vale la pena librar.

Administradora Pública, Licenciada en Lenguas Extranjeras y Especialista en Alta Gerencia de Empresas. Vicepresidente Mundial de IUSY (International Union of Socialist Youth) durante 2016-2018, Coordinadora Nacional de género de la Organización Nacional de Juventudes Liberales (ONJL) durante 2013-2017. Actualmente Vicepresidente y Secretaria técnica de la Asamblea de Juventudes liberales de Boyacá, Coordinadora internacional de Rotary Green en Rotary Internacional y colaboradora de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales.

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