No al exterminio indígena

Opinión Por

En la madrugada del pasado domingo dos de diciembre, dos líderes indígenas padre e hijo, pertenecientes a la comunidad AWÁ fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron al término de su Asamblea en el municipio de Ricaurte, Nariño, en hechos sucedidos en el resguardo El Palmar de Imbi, tal como lo señalan varias organizaciones indígenas del país.

En estas acciones violentas perdió la vida Braulio Arturo García, de 28 años de edad y recién elegido gobernador del resguardo, y también su padre Héctor Ramiro García, fundador desde 1986 de la organización indígena Camawari, quien además era uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia, para evitar en sus territorios los proyectos minero-energéticos, la presencia del narcotráfico, y de los grupos armados ilegales.

Además, como consecuencia de lo sucedido resultaron heridos de gravedad cuatro indígenas más, José García, Coordinador de la Guardia indígena, Gilberto Nastacuas, Gerardo Nastacuas y Juvenal Torres.

Ante el exterminio sistemático del cual viene siendo víctima el pueblo AWÁ y ante la extinción física y cultural tal como lo promulgó la Corte Constitucional en el auto 004 del año 2009, el auto 174 de 2011, en el que señala que el territorio es declarado con medidas cautelares, esto no es prenda de garantía absoluta porque los violentos siguen asesinando a nuestros indígenas, siguen vulnerando sus Derechos Humanos, sin ninguna seguridad para ejercer su gobierno propio y autónomo.

Hoy los colombianos tenemos varios interrogantes sobre el exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, ¿qué está pasando, quién los está matando, por qué no hay responsables, por qué no hay una política clara de protección, qué es lo que pretenden al dejar a los pueblos indígenas sin sus líderes, por qué los callan? Estos y muchos otros interrogantes esperan una respuesta inmediata por parte del Gobierno.

Ya incluso el relator de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michel Forst, de visita reciente a Colombia pudo evidenciar de primera mano la grave situación que sobre el particular se vive en las regiones, y su conclusión es que el panorama “es realmente dramático”, le preocupa además las cifras de impunidad y advierte adicionalmente que no está muy convencido de los resultados y de las cifras presentadas por la Fiscalía.

Y es que las cifras son alarmantes, según INDEPAZ, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre del 2018 han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país, de los cuales, 198 fueron hombres y 28 mujeres.

Señala, ese mismo informe, que quienes más han muerto, hasta ahora, son líderes campesinos, ambientalistas y comunales, 105 en total. Les siguen líderes indígenas (44) y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (40).

Por tal motivo y ante este grave panorama que, parece no tener solución a la vista,  nos sumamos a voces como la de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, para exigirle al gobierno nacional, que ejecute la implementación de lo ordenado en el auto 174 de 2011, para que haya protección individual y colectiva de todos los miembros del pueblo AWÁ.

A las demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación para que realice de manera inmediata y prioritaria las investigaciones que conlleven a dar con el paradero de los responsables tanto intelectuales como materiales de estos asesinatos.

Y a otras instancias del gobierno nacional como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, para que tome acciones de fondo que permitan garantizar de manera colectiva la seguridad del pueblo AWÁ y de todas las 102  comunidades indígenas de Colombia que hoy son blanco por parte de diversos actores que se resisten a que los nativos gocen de la Paz que ya muchas regiones respiran en el país.

A las familias de las víctimas, toda nuestra solidaridad y condolencias. Desde nuestra curul seguiremos alzando la voz para que se garantice la supervivencia de todos los pueblos indígenas de Colombia y para que cese de una vez, todo el exterminio del que vienen siendo víctima.

Abogado y Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con una Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de Andalucía. Fue Presidente de la Asamblea de Nariño y Concejo Municipal de Pasto, Secretario de Hacienda de este mismo departamento y actualmente es Senador por el Partido Liberal Colombiano.

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