TRANSPARENCIA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Opinión Por

Los colombianos exigen más mano dura contra la corrupción. Este será uno de los principales temas de la próxima campaña presidencial como quiera que recientemente el país se ha encontrado con graves casos en los que se han afectado los recursos del Estado que se han ido a los bolsillos de los corruptos.
Mientras para la Contraloría General de la República la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos, es decir, casi un billón de pesos por semana, la Procuraduría señala que esta es equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cercano a lo que destinará la Nación a inversión este año: 32,9 billones.
Un estimativo de la Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) el costo de este fenómeno en una década (1991 a 2000) fue de 189 billones de pesos, es decir, 27 veces lo que dará la reforma tributaria en el 2017 (unos 7 billones de pesos).
Basta recordar algunos ejemplos de procesos que aún están pendientes en los estrados judiciales y en los cuales se han visto involucrados funcionarios del Estado o particulares. En todos los casos, hay de por medio dineros públicos o entidades oficiales.
Agro Ingreso Seguro: $ 12.700 millones.
Carrusel de la Contratación: $ 156.000millones.
Interbolsa: $ 340.000 millones.
Saludcoop: $ 1,7 billones.
Reficar: $ 610.000 millones.
Ante estos escándalos la ciudadanía reclama que los organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría ejerzan una mayor vigilancia a los recursos públicos, así como una acción eficaz de la Fiscalía para capturar a los responsables de estos hechos. La vigilancia ciudadana a través de las veedurías también es importante.
Todo esfuerzo que se haga para evitar que los recursos públicos terminen en el bolsillo de los corruptos es importante. Por eso destacamos el reciente informe de Transparencia por Colombia en el que se evaluaron las diferentes entidades del Estado de las tres ramas del poder público: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Teniendo en cuenta esas variables nos parecen positivos los resultados del estudio en el que la entidad que logra la evaluación más satisfactoria es la Superintendencia de Sociedades, con 86,7 puntos, mientras que las más deficientes son la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) con 47,5 puntos; la Fiscalía General de la Nación, con 50,9, y la Superintendencia de la Economía Solidaria, con 52,8. Según la evaluación las entidades que presentaron un mayor repunte con respecto a la anterior medición fueron Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Transparencia por Colombia señala que 20 de 75 entidades logran Riesgo Moderado de Corrupción y en Riesgo Medio de Corrupción pasó de 45 a 41 entidades. Ninguna entidad quedó en Riesgo Muy Alto de Corrupción, pero sí aumentaron las entidades en nivel de Riesgo Alto de corrupción, pasando de 11 a 14 entidades.
Frente a los entes territoriales las calificaciones más bajas las obtuvieron Chocó, con tan solo 30,2, y La Guajira, con 41,7. Ambas se encuentran el nivel Riesgo Muy Alto de corrupción. Las tres gobernaciones que aumentaron en mayor grado su calificación en esta vigencia son Vaupés (19.8 puntos más que en la anterior vigencia), Putumayo (18.3 puntos) y Arauca (17.8 puntos). Preocupan las gobernaciones que bajaron en su puntaje. En particular, Boyacá (-19.5 puntos), Córdoba (-18.2 puntos) y Bolívar (-17.2). Llama la atención que la gobernación del Vichada conservó la misma calificación en las dos evaluaciones (62.9 puntos).
Se deben tener en cuenta las recomendaciones de este organismo para mejorar los niveles de transparencia y cerrarle paso a la corrupción como la mejora la publicidad de los procesos de contratación pública; solucionar los problemas del empleo público debido a las pobres estrategias de gestión institucional, así como adoptar medidas y políticas anticorrupción ya que poco se observan los mecanismos para ponerlos en marcha, hacerles un seguimiento y financiarlos.
Es necesario que más ciudadanos se sumen al control social como medio para proteger los asuntos públicos, desde lo electoral hasta los procesos de gestión pública, y más aún a lo que tiene que ver con la puesta en marcha de la estrategia del posconflicto, así como participar de manera activa en los procesos de rendición de cuentas y a sumarnos en alianzas que hagan posible que las cosas cambien.
En relación los servidores públicos es importante garantizar condiciones laborales estimulantes y que garanticen sus derechos. La presión del clientelismo y el contrato temporal no lo permiten.
Finalmente, acogemos la posición de Transparencia por Colombia en el que advierte que los órganos de investigación y sanción, deben aumentar su eficiencia en los procesos de investigación que vinculan la corrupción en la política con la corrupción administrativa. Promover una acción integral de los órganos de control para proteger la participación política, la contratación pública, la provisión de bienes y subsidios y la incorporación de servidores públicos.

Abogada colombiana. Estudió en el Colegio Hijas de Cristo Rey de la ciudad de Bogotá y, posteriormente estudió Jurisprudencia en la Universidad del Rosario. Exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal.

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